28 de MARZO de 2025

En horas de la madrugada del 28 de marzo, emulando las peores prácticas terroristas de Sendero Luminoso, mineros ilegales destruyeron con dinamita otra torre de alta tensión que alimenta nuestra unidad Santa María, dejando sin energía todas las instalaciones de superficie e interior mina.

Simultáneamente, los criminales lanzaron una ola de incursiones armadas con el propósito de expandir su presencia en la zona y tomar nuevas labores. Como resultado de los ataques, un trabajador de los mineros artesanales que mantienen contrato con la empresa perdió la vida. Además, se tuvo que atender en la posta médica de Santa María a 50 trabajadores que fueron evacuados con sintomas de gaseamiento por efecto del ataque de los ilegales que se valen de la quema de llantas para apropiarse de las galerias.

Se trata del tercer atentado contra la empresa en menos de tres meses y la decimoséptima (17) torre de alta tensión destruida por los ilegales en los últimos tres años. A ello hay que sumar la lamentable pérdida de vidas de 18 colaboradores de Poderosa, víctimas de atentados armados.

Esta escalada de violencia se da a pesar de la vigencia del estado de emergencia y la presencia de más de 200 efectivos policiales y personal del ejército en Pataz. Sobre el particular, hay que señalar que tenemos 25 zonas tomadas por mineros ilegales, los mismos que operan con total libertad e impunidad en la zona. Hasta el momento la PNP no responde a nuestros reiterados pedidos para ingresar a las galerias a desalojar a estos grupos criminales.

La inacción policial también se ve reflejada en la suspensión desde hace más de medio año del programa de interdicciones de bocaminas ilícitas (más de 450) y plantas ilegales (más de 40) en la zona, todas perfectamente identificadas y georreferenciadas. A ello hay que agregar la permisividad en el control del transporte de mineral de origen ilegal extraído de las concesiones de Poderosa y trasladado hacia las plantas formales en la costa (más de 6 mil volquetes en el 2024).

El deterioro de las condiciones de seguridad y la actuación impune de los mineros ilegales en la zona exige una respuesta contundente y coherente del Estado. Esta debe involucrar una mayor labor de inteligencia, y el trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Poder Judicial a fin de asegurar que los mineros ilegales detenidos en los distintos operativos sean efectivamente procesados y condenados por los delitos que cometen.

Resulta igualmente crítico que se implemente en lo inmediato la base policial en Pataz, cuya creación fue anunciada por el Presidente del Consejo de Ministro hace algunos meses. En apoyo de esa iniciativa, Poderosa ha venido avanzando en la construcción de la infraestructura requerida, así como de 3 puntos de control.

Es importante resaltar la enorme responsabilidad que en el manejo de este problema le corresponde al Congreso de la República que, en diciembre pasado, amplió nuevamente el REINFO, registro que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad. En los últimos meses hemos visto la proliferación de propuestas legislativa que, lejos de contribuir a fortalecer la lucha contra la minería ilegal, la debilitan.

La minería ilegal se ha convertido ya en la principal economía ilícita ($6 mil millones generados en 2024) del país, superando con creces al narcotráfico. Su accionar alimenta otros delitos conexos como la trata, extorsión, sicariato y depredación ambiental. Hoy más que nunca, urge que el Estado actué con determinación y contundencia para combatirla y frenar su avance.